«Pepín»: la quiebra de Medefin, el salvataje a los Macri y la venganza contra jueces que lo procesaron

Rodríguez Simón participó de una maniobra irregular con la quiebra de un banco que benefició a SOCMA. Primer antecedente antes de la UCEP y el caso «mobiliario urbano». La revancha contra Freiler, Farah y Ballestero que lo consideraban partícipe de una operatoria financiera ilegal.

Hasta ahora, el antecedente judicial más cercano que involucraba al abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón debía ser rastreado por su rol como el “coordinador” de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), un grupo que, casi de manera clandestina, operaba en las noches para liberar las calles de la Ciudad de Buenos Aires de indigentes. Dentro de ese accionar -la Justicia constató- se incluía despojarlos de sus pocas pertenencias y arrojar a camiones contenedores los colchones en los que dormían a la intemperie. Fue procesado por el juez Facundo Cubas justo cuando Mauricio Macri era candidato a la presidencia, en 2015. El nombre de Rodríguez Simón apareció así en la papeleta anexa para esa elección, en el segundo lugar de candidatos al Parlasur. Ante la sospecha obvia, él mismo debió aclarar que no quería obtener “fueros” con ese cargo, y entonces cargó contra el juez que lo procesó acusándolo de tener vinculación “con los servicios”, y apuntó contra la “mafia judicial de la SIDE”. El argumento ahora utilizado contra la jueza María Servini por la causa del Grupo Indalo donde se solicitó su captura internacional es casi calcado.

Pero más atrás en el tiempo, “Pepín” había fungido como un asesor de banqueros opacos que habían actuado al amparo del menemismo en resonantes escándalos financieros, que recién llegaron a juicio una década más tarde. Uno de ellos, apuntó a una investigación que realizó Sergio Torres y que tenía como imputado destacado al extitular del BCRA Pedro Pou. En el año 2009, su procesamiento por administración fraudulenta en la liquidación del Banco Medefin fue ratificada por la Sala I de la Cámara Federal. Los jueces que firmaron esa resolución fueron quienes serían luego “cazados” por la administración Cambiemos a través del accionar coordinado de la “mesa judicial” que comandaba Rodríguez Simón, que los empezó a poner en la mira desde el año 2016: a Eduardo Freiler lo destituyeron a través de un juicio político, cuya definición en el Consejo de la Magistratura fue la más viciada que se recuerde; a Jorge Ballestero lo empujaron a la jubilación y a Eduardo Farah lo presionaron hasta que solicitó un traslado que le permitió esconderse y salir de la escena. En estos dos últimos casos, la excusa fue la causa Oil Combustibles, foco de interés de Rodríguez Simón a partir de los hallazgos en el entrecruzamiento de sus teléfonos que lo ubican en el centro de la escena, desde un comienzo y que motivaron el llamado a indagatoria que resultó en su evasión al Uruguay. No solo en el “intento” de cobro de mayores impuestos a empresarios del juego, sino luego en fechas clave del desarrollo de la causa en la justicia comercial, tanto en la quiebra, como en la ascendencia respecto a un abogado externo de YPF que negociaba con interventores-administradores la compra de activos petroleros estratégicos a precio de remate. Ambos hicieron un enroque en el estudio Llerena&Asociados.

A finales de los 90, “Pepín” era asesor por ese bufete de Paul Clarke y representante de Socimer International Bank Limited, domiciliado en Bahamas y protagonista del escándalo que se entrelaza con la sociedad de valores aragonesa AVA, en España. Para la justicia, y por ello fueron enviados a juicio oral en el caso Medefin, “los directivos del BCRA, en acuerdo previo con Rodríguez Simón y (Alejandro) Olivera, convinieron y establecieron los términos bajo los cuales debía disponerse el instituto de exclusión de activos y pasivos privilegiados en el Banco Medefin UNB SA (…) Mediante la toma de esa decisión se habría beneficiado indebidamente a ciertos acreedores y perjudicado ilegítimamente a otros”, resaltó su procesamiento. Los beneficiados o estaban ligados al directorio del BCRA o eran allegados a los privados que intervinieron en la maniobra.

El 1 se octubre de 1996, Medefin “rescató” el 100% de las obligaciones negociables clase A y B de Socma Argentina SA (Grupo Macri) y las convirtió en cinco plazos fijos. Seis meses más tarde, el banco hizo lo mismo con 64 tenedores a los que se las convirtió un 50% en plazos fijos y otro 50% en aportes irrevocables. Esos plazos fijos resultaron “privilegiados” al momento de la liquidación de la entidad bancaria, tal como lo prevé la ley, estatus que no ostentan las obligaciones negociables que se sacaron de encima con esta maniobra.

En la causa hubo un peritaje lapidario en instrucción y hasta el propio “Pepín” reconoció que desde el BCRA le habían avisado la suerte que correría Socma si no le reconocían la calidad de “depositante” en Medefin. La Sindicatura alertó sobre las irregularidades que rodeaban la operatoria del holding de los Macri, iniciando un incidente de declaración de ineficacia concursal. Tres meses antes, Medefin suscribió un contrato con un consorcio de bancos para obtener un préstamo de u$s62 millones. Unos u$s19.250.000 fueron a Socimer, el que tenía como representante a Rodríguez Simón. Resulta que Socimer era el principal depositante de Medefin con u$s74 millones divididos en plazos fijos. Entonces era controlada por Socimer Finance Holding radicada en Ginebra, perteneciente al denominado Grupo André. A partir de 1998, fue liquidada judicialmente y Clarke fue su síndico liquidador. Socimer, con sus ruinosas inversiones había perjudicado a los jubilados y pensionados españoles de AVA y su suspensión es la que termina enviando a la quiebra a Medefin. Según el descargo de “Pepín”, lo que lograran recuperar no iría al bolsillo de los accionistas sino a los acreedores en Bahamas. Una vez que ayudaron a la caída del banco local como dueños del 96%, Socimer mutó a reclamar como un acreedor más, única vía para salvar un “mal negocio”. “Rodríguez Simón” también conocía las irregularidades que, por lo menos, se vinculaban con los tenedores de obligaciones negociables, habiendo referido el propio imputado lo acontecido respecto al caso de SOCMA”, subrayaron los camaristas. La justicia ubicó el 12 de mayo de 1998, en Miami durante una reunión con el consorcio de bancos acreedores y Rodríguez Simón el inicio del plan con el fin de “asegurar créditos a quienes tal vez por otra vía no los hubieran obtenido”. Toda la causa se diluyó en el tiempo. Pou y el directorio resultaron sobreseídos.

“Pepín” era de Champagnat y Macri del Newman, pero este negocio los pudo haber unido de por vida. Rodríguez Simón recaló como jefe de Gabinete de Espacio Público porteño que comandaba Juan Pablo Piccardo. Allí desplegó la corta vida de la UCEP y mantuvo fuertes internas con su jefe formal. José Torello era en enlace también entonces, junto a quien replicó el formato ya en el Gobierno Nacional a través de la “mesa judicial”. “Pepín” se fue dando un portazo pero no por el desaguisado de la UCEP sino por lo trabado de una licitación que diseño: la de mobiliario urbano que iba a concesionar la señalética, paradas de colectivos y demás material en toda la Ciudad. La ganadora fue Publicidad Sarmiento, de Orlando “Orly” Terranova, uno de los interesados en el desguace de Indalo –y cuyas comunicaciones en el peritaje principal que ordenó Servini dan cuenta de la secuencia de negociaciones-. Spinazzola, otra de las competidoras salió cruzar la licitación por amañada.

A quienes lo quieren escuchar, “Pepín” dice que confía en la solución política que podría ofrecerle Uruguay, para evitar la extradición. Allí trabaja con un poderoso estudio de abogados ligados al expresidente Julio María Sanguinetti.

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